Temas de actualidad en América Latina 2021
Este documento revisa el desarrollo del estado de bienestar latinoamericano desde la conquista, ilustrando cómo la dotación inicial de factores detuvo el desarrollo de políticas sociales inclusivas. Con la industrialización, el seguro social se extendió a las clases medias y trabajadoras urbanas; sin embargo, fueron las crisis de la deuda de los años ochenta, y no la democracia, las que impulsaron la creación de políticas eficaces de asistencia social en forma de transferencias monetarias condicionadas (TMC). A diferencia de las anteriores políticas de asistencia social, las TMC se dirigen mejor a los pobres y han conseguido aumentar los ingresos y mejorar los indicadores de desarrollo humano. Sin embargo, no han cambiado el paradigma esencial del Estado de bienestar latinoamericano, que sigue caracterizándose por un sistema de dos niveles: los ricos tienen una protección distinta y de mayor calidad que los pobres, así como acceso a mejores servicios de salud y educación. Por lo tanto, aunque las TMC son tranquilizantes -algunos podrían incluso llamarlas populismo- no son una cura para las desigualdades existentes, e incluso podrían retrasar la creación de un estado de bienestar verdaderamente inclusivo.
Problemas actuales en América Latina 2020
Según los resultados de la encuesta, existe un amplio reconocimiento -en todos los países considerados- de los esfuerzos realizados por las autoridades para proteger la salud de los ciudadanos en circunstancias extremadamente difíciles. De hecho, en siete de los diez países encuestados, una mayoría relativa de personas describió su respuesta sanitaria nacional como algo o muy eficaz. Sin embargo, existe una frustración generalizada por el escaso éxito de las instituciones públicas a la hora de proteger a los hogares del impacto económico de la pandemia. Sólo en dos de los países considerados, una mayoría relativa de los encuestados describió la respuesta económica como al menos razonablemente eficaz.
Los resultados de la encuesta evidencian un amplio consenso en todos los países y segmentos de población en torno a la necesidad de eliminar la corrupción para permitir una recuperación eficaz y sostenible. De hecho, más de un tercio de los encuestados destaca esto como la prioridad número uno para su país. “Más solidaridad entre la gente” y “Un sistema político más responsable” también se consideran prioridades principales, aunque con un nivel de apoyo menor (21,1 y 18 por ciento respectivamente). Al mismo tiempo, un examen más detallado de los datos revela importantes diferencias en la fijación de prioridades en función de factores demográficos y de clase social, que sin duda requerirán procesos de diálogo inclusivos y eficaces para ser resueltos. Parece surgir una brecha especialmente destacada entre los encuestados que se describen a sí mismos como pertenecientes a la “clase media baja” y los que se autoidentifican como “clase alta”.
Pobreza y desigualdad social en América Latina
El último trimestre de 2019 conmocionó a América Latina con manifestaciones masivas en las calles de Chile, Colombia, Ecuador y otros países. Los manifestantes tenían muchas demandas, pero había un tema común: igualdad de trato, mejores oportunidades para todos y una mayor igualdad de condiciones. ¿Por qué estas demandas perfectamente válidas estallaron como un volcán después de dos décadas de progreso y una notable reducción de la desigualdad de ingresos? En un libro recientemente publicado, un grupo de más de 25 investigadores busca respuestas.
El volcán, como describe el libro, se agitó tras varios años de estancamiento en la disminución de la desigualdad, un estancamiento que fue especialmente pronunciado a partir de 2012 en el Cono Sur. Ese año algunos indicadores de bienestar subjetivo comenzaron a deteriorarse y continuaron haciéndolo. Por ejemplo, la proporción de latinoamericanos que reportan que les falta dinero para la vivienda creció casi 20 puntos porcentuales entre 2012 y 2019, llegando a un alarmante 40%.
Pero ciertamente hay más que eso. América Latina y el Caribe, solo en términos de ingresos, sigue siendo tremendamente desigual en comparación con el resto del mundo. El 10% más rico de la población ganó 22 veces más que el 10% más pobre en 2018. Esta brecha es más del doble de la media de los países desarrollados y de un conjunto de países comparables de otras regiones que tienen un PIB per cápita similar. Aunque la evidencia disponible incluye solo un puñado de países, la región también parece concentrar muchos más ingresos en la parte superior. El 1% más rico se lleva el 21% de los ingresos (antes de impuestos y transferencias) de toda la economía, mientras que el 10% más rico recoge más de la mitad. En el caso de los países desarrollados, el 1% más rico obtiene una media del 10% de los ingresos totales, y el 10% más rico, aproximadamente un tercio.
La delincuencia en América Latina
La noción de contrato social proviene originalmente de los filósofos occidentales Hobbes, Locke, Hume y Rousseau y ha ido tomando un contenido más concreto con la ampliación del estado de bienestar y la movilización del sector laboral. Un contrato social, a grandes rasgos, puede definirse como el “acuerdo global, aunque intangible e implícito, que une a la sociedad y que coexiste dentro de un determinado conjunto de normas e instituciones formales e informales” (OCDE et al., de próxima publicación). Este acuerdo es global por dos razones principales. En primer lugar, porque va más allá de la visión tradicional del contrato social -centrada principalmente en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos- y reconoce el papel destacado de la sociedad civil (por ejemplo, #NiUnaMenos), el sector privado y otros actores clave. En segundo lugar, porque abarca múltiples áreas de la política pública.
En este artículo, tratamos de comprender mejor las dimensiones clave de la renovación del contrato social en América Latina, centrándonos en tres preguntas: ¿Por qué es necesario un nuevo contrato social en ALC? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo implementarlo?